Urubó Golf, el megaproyecto denunciado por copropietarios y hasta extrabajadores

Malkya Tudela / Santa Cruz

El proyecto urbanístico Urubó Golf, en el municipio de Porongo de Santa Cruz, carga con denuncias de sus copropietarios y hasta de extrabajadores del complejo. Su principal socio, Luis Carlos Kinn Franco, es la cabeza visible de ésta y otras inmobiliarias en esa zona caracterizada por los precios más altos del suelo citadino en la metrópoli cruceña.

La Constructora e Inmobiliaria Aquavista Golf SA (Ciagolf) y Golf & Country SRL son las empresas propietaria y administradora, respectivamente, del proyecto Urubó Golf que está ubicado en Porongo, apenas luego de cruzar el río Piraí desde Santa Cruz de la Sierra. 

El proyecto se sostiene en la parte urbanística de copropietarios de terrenos y a la vez accionistas del country club; y por otro lado, en socios externos que únicamente son miembros del selecto club deportivo mediante una o más acciones.

Las obras se levantan sobre 183 hectáreas.
Foto: Gentileza copropietarios

Urubó Golf se extiende en 183 hectáreas, con lotes urbanizables de 1.000 metros cuadrados que se venden entre 80.000 y 150 mil dólares. Los socios externos suman 1.500, cada uno con una acción que cuesta entre 8.000 y 10.000 dólares, según relatan los copropietarios.   

Quejas de copropietarios

“Hace más de seis años que he comprado el terreno y la acción con el objetivo de construir nuestra casa allá. Considerábamos que iba a ser uno de los mejores countries de Bolivia e incluso de Sudamérica, pero venimos esperando que el desarrollador y Ciagolf SA, que es la empresa que nos vendió los terrenos y las acciones, nos cumpla”, dice una propietaria que pidió la reserva de su nombre.

Agustín Zambrana Arze, abogado que representa a un centenar de copropietarios, explica que en Urubó Golf hay “22 millones de dólares de inversiones no realizadas en: red de alcantarillado, planta de tratamiento, red eléctrica, iluminación de vías, red de gas interna, reparación de calles, muelles dentro de la urbanización, barda perimetral, club house sin terminar, parques, plazas y porterías modulares”.

“No he podido construir mi casa allá porque no tengo ni siquiera los servicios básicos. No sé si actualmente es así, pero Ciagolf vendía luz a los copropietarios. Los que vivían ahí hasta hace unos seis meses atrás, estoy segura, no tenían medidor propio. Tienen un transformador para cada módulo; sé de varios casos en que se les ha quemado la casa entera porque la cantidad de familias llega a saturar el transformador”, detalla la propietaria.

El representante legal de Ciagolf SA, Fernando Crespo, a través de una entrevista escrita, explica que “todos los copropietarios que viven en Urubó Golf tienen acceso a energía eléctrica y servicios básicos. Además, el proyecto está totalmente pavimentado con 142.322 metros cuadrados (…), el equivalente a 15,5 kilómetros lineales. También se construyeron bardas perimetrales que ya suman 2.750 metros lineales y se sigue trabajando. La red de agua potable fue concluida y entregada a Saguapac. Ya dimos inicio a la construcción de la red eléctrica subterránea y la red de alcantarillado (…)”.

Los copropietarios demandantes alegan que se vendió más del 90% de los lotes urbanizables. “El proyecto (Urubó Golf) ha sido un éxito total. Suponemos que se han llevado la plata a otros proyectos, pero no nos han cumplido con nada de lo prometido”, reclama la copropietaria.

Según Zambrana, “los propietarios han tomado la decisión de iniciar las acciones legales ante el Ministerio Público”, aunque se reserva mencionar delitos y personas que serán sindicadas. Por su parte, Fernando Crespo aclara que “no existe ninguna demanda penal, esta vía no procede legalmente para reclamos de orden civil y comercial”.

En el año 2013, el arquitecto Jorge Baldivieso Velasco firmó un “contrato de garantía de inversiones” con Luis Carlos Kinn Franco para impulsar ese negocio. Siete años después, el incumplimiento de Kinn derivó en un proceso arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cainco. Crespo explicó que esa controversia “llegó a su fin mediante una resolución”.

En ese sentido, luego de enumerar la infraestructura construida para los usuarios del club deportivo, afirmó que “la inversión realizada a la fecha supera los 93 millones de dólares”. 

“Más de 100 familias nos hemos reunido, por más de un año y medio, con Ciagolf, esperando que firme un convenio con fechas de entrega de diferentes cosas. Nunca lo firmó. Nos tuvo ganando tiempo… Miles de veces se ha comprometido, con cartas, con hitos, con años, con meses, para diferentes obras, como la piscina, el club house, todo lo que tendría que tener el condominio y el club”, dijo la copropietaria.

Consultado sobre Kinn Franco, Crespo se limitó a decir: “No me corresponde referirme a temas que no son de nuestra responsabilidad”. 

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El proyecto inmobiliario cuenta con áreas de esparcimiento.
Foto: Copropietarios

Los compromisos laborales

Los copropietarios no son los únicos que denuncian públicamente a Ciagolf SA. Hay protestas periódicas de los extrabajadores en puertas del edificio administrativo, demandando el pago de sueldos adeudados y beneficios sociales impagos.

Crespo explicó que “el proyecto ha generado más de 800 fuentes de empleos directos e indirectos en los últimos siete años”, pero la empresa “tuvo que reestructurar sus operaciones” debido a la pandemia.

Matías Andrés Llanes trabajó para Golf & Country como director de la escuela de golf y en servicios para esa práctica. La semana pasada hizo público su reclamo a través de su perfil de Facebook y anunció que en los próximos días subirá el nivel de sus denuncias.

“El 1 de mayo de 2021 nos dicen que nos iban a hacer un finiquito, o sea que nos iban a despedir, a mí me debían nueve meses de sueldo. Me dijeron que firmemos contrato con la nueva empresa administradora, cumpliendo las mismas funciones, pero con menos sueldo para garantizar el pago”, dice Llanes. Pasaron seis meses con la nueva empresa, pero los sueldos también se retrasaron a pesar de la reducción.

Llanes dice que está fuera del país, pero que prepara su retorno para seguir con un proceso legal por la vía laboral y penal, y para unirse al grupo que realiza protestas esporádicas. 

Fernando Crespo no responde sobre el número de despidos, pero explica que, “como consecuencia de dicha reestructuración (por la pandemia), se tuvo que reducir cierto número menor de empleados”.

“A la fecha, la empresa realiza todos los esfuerzos necesarios para cumplir con la totalidad de las obligaciones que mantiene, incluyendo, entre éstas, los acuerdos a los que arribó con sus ahora extrabajadores, a quienes se les pagará absolutamente todos sus beneficios”, manifestó Crespo.

William Molina fue asistente contable durante siete años y nueve meses en Golf & Country. “Me retiraron porque yo pedía y exigía que se nos paguen los sueldos… Cuando pedí mi quinquenio, no se me tomó en cuenta, lo dejaron pasar, y llegamos a estar con cuatro a cinco sueldos pendientes”, explica, y dice que a esto se añade la falta de pagos a las AFP.  

El contable logró un acuerdo para salir de la empresa y firmó un documento de reconocimiento de la deuda más beneficios sociales a pagarse en un monto grande y siete menores mensuales. “El contrato indicaba que, si incumplían el segundo pago, en la fecha del tercer pago ellos tendrían que pagarme todo sin reclamo. A la fecha no cumplieron”, detalla Molina.

En su caso hubo las tres citaciones ante el Ministerio de Trabajo y luego la reunión de conciliación a la que Ciagolf SA envió a una persona que no tenía poder de decisión.

“El ministerio emitió un informe y me da luz verde para que yo vaya a iniciar juicio laboral, les estoy iniciando (…). Para ellos ha sido mejor que yo ni me aparezca por allá, no puedo ir, ya tengo otro trabajo. Ellos sólo dan dinero a los que les hacen bulla”, sostuvo Molina, en contacto con este medio.

 

Inmobiliarias sí, pero también hidrocarburos

Luis Carlos Kinn Franco aparece con relativa frecuencia en la prensa para opinar sobre la actividad petrolera en el país y en actos  de sus inmobiliarias. Es presidente de Gas To Liquid International (GTLI), una empresa que logró una sociedad anónima mixta con YPFB en 2008 con la intención de explorar y explotar reservas de la estatal de hidrocarburos. En ese momento su  hermano José Kinn Franco era viceministro de Transporte.

José Kinn es también accionista minoritario en Ciagolf SA que, según newstime.bo  reportó en 2021, ha pasado a llamarse Urubó Golf Country Club (UGCC) luego de recibir una inyección de 63 millones de dólares.

Los negocios petroleros de Luis Carlos Kinn Franco están amparados bajo el nombre UruboCorp, por lo menos así lo reporta bnamericas.com, que señala a GTLI como “una subsidiaria dentro de un grupo de inversión más grande conocido como UruboCorp que incluye minería (oro), bienes raíces y energía, y con intereses tanto en el sectores de hidrocarburos y renovables”. 

A pesar de haber logrado en 2011, a través de leyes, la potestad de operar en los campos Itacaray, Río Beni, Cupecito y Almendro, luego esa prerrogativa fue derogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En la rendición de cuentas de YPFB de 2019, GTLI aparece a cargo de uno de los seis proyectos de prospección sísmica en ejecución en El Palmar, donde a la vez se menciona su participación en un proyecto de exploración sísmica concluido, y en dos pozos en actividades previas en Irenda y Miraflores (Macharetí).

Jorge Campanini, investigador del Cedib, explica que GTLI “es una compañía petrolera de capitales bolivianos, que actualmente explota el campo El Palmar, en Santa Cruz. Es conocida por haber sido subsidiaria de Jindal Steel and Power, firma hindú que estaba a cargo de la industrialización del hierro en el yacimiento del Mutún”. Este último acuerdo terminó en 2012.

 

No he podido construir mi casa allá porque no tengo ni siquiera los servicios básicos…

Una propietaria del proyecto

 

183 
HECTÁREAS
tiene  el Urubó Golf con lotes
urbanizables de 1.000 metros
cuadrados que se venden
hasta en $us 150 mil.

 

Todos los copropietarios que viven en Urubó Golf tienen acceso a energía eléctrica y servicios básicos

Fernando Crespo, Ciagolf

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Urubó Golf, el megaproyecto denunciado por copropietarios y hasta extrabajadores

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